El 28 de diciembre entró en vigor la Ley 11/2018, que modifica el Código de Comercio, la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital y la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad,más conocida como Ley de información no financiera
¿Qué regula?
El objetivo de este nuevo real decreto es aumentar la información no financiera del informe de gestión consolidado que acompaña a las cuentas anuales consolidadas. Esta ley obliga a un gran número de empresas a incluir información en aspectos medioambientales, sociales, relativa al personal, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, entre otras.
¿A qué empresas afecta?
Las sociedades que deben incluir el estado de información no financiera son las que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo, durante el ejercicio, sea superior a 500.
b) Que tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
- Total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros..
- Importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros.
- Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.
Información que se debe incluir.
El estado de información no financiera incluirá información significativa relativa a las siguientes cuestiones:
- Medioambiental: contaminación, uso sostenible de recursos, economía circular, gestión de residuos, cambio climático y protección de la biodiversidad.
- Sociales y relativas al personal: empleo, organización del trabajo, formación, salud, seguridad, relaciones sociales, igualdad y accesibilidad de las personas con discapacidad.
- Respeto de los derecho humanos.
- Sociedad: compromiso con el desarrollo sostenible, subcontratación, proveedores, consumidores e información fiscal.
- Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
- Cualquier otra información que se considere significativa
